La picaresca de la vivienda protegida
La vivienda protegida se ha convertido en una tema de debate. La Constitución Española recoge en el artículo 47 el derecho a una vivienda digna. Y sostiene literalmente que “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.
Para cumplir con este derecho constitucional, tan difícil en la práctica de satisfacer, surge con todo sentido la vivienda protegida. Este tipo de vivienda es la que tiene un precio más asequible que el existente en el mercado de vivienda libre. Su destino son los sectores de población que presentan mayores dificultades para poder acceder a un piso. Ahora bien, la fórmula más habitual y favorecida por las administraciones públicas, es la de la propiedad. El tiempo ha evidenciado abusos de todo tipo.
El mal uso de la vivienda protegida
En ámbitos urbanísticos donde la vivienda protegida es comparativamente más económica que la libre es donde suelen surgir los escándalos. El simple hecho de que los compradores cumplan unas condiciones de renta en el momento de la adquisición y después mejoren sustancialmente es de por si una injusticia, ya que mantienen la propiedad. Que cuando sea descalificada la vendan a precio de libre también se revela como una especulación malsana con el dinero de todos. Por no referirnos a dinero negro, que aparece en numerosas compraventas. Se llega a ver de todo: divorcios ad hoc para ajustarse a los límites de ingresos de la unidad familiar, reformas, vidas de lujo, promociones con piscina entre sus zonas comunes… la picaresca no conoce límites.
Si quieres ampliar información, puedes leer el post de Ignacio Ortiz de Andrés, analista de Foro Consultores
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Foto: @i_ortizdeandres
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