Vivienda y elecciones: ¿qué proponen los partidos?

La vivienda ocupa un lugar central en el debate político español. Ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, los principales partidos presentan propuestas que van desde la construcción masiva de nuevas viviendas y la agilización urbanística hasta la regulación de los alquileres, la ampliación del parque público y los incentivos fiscales para facilitar el acceso a la propiedad.

Desde Foro Consultores Inmobiliarios repasamos las principales propuestas y los desafíos que deberá afrontar el sector residencial.

PP: aumentar la oferta y agilizar el desarrollo urbanístico

El PP sitúa el incremento de la oferta como eje de su política de vivienda, con el objetivo de construir un millón de viviendas durante una legislatura, equivalente a 250.000 unidades anuales.

Entre sus propuestas destacan:

Aprobar una nueva Ley del Suelo y reducir determinados plazos de desarrollo urbanístico de diez a cuatro años.
Introducir el silencio administrativo positivo a los 90 días para determinadas licencias.
Movilizar suelo público y facilitar viviendas a precios inferiores a los de mercado.
Reducir la fiscalidad para los jóvenes compradores, incluyendo una rebaja del IVA del 10% al 4% para determinados supuestos de primera vivienda.
Facilitar avales hipotecarios públicos para jóvenes que puedan alcanzar el 100%.
Modificar la regulación del alquiler y reforzar la seguridad jurídica de los propietarios.
Ley Antiokupa para facilitar la salida de estos en un plazo de 24-28 horas

También propone facilitar la división de viviendas de grandes dimensiones y estudiar fórmulas para aumentar la edificabilidad de edificios existentes.

PSOE: vivienda pública, alquiler asequible y protección de los inquilinos

El PSOE centra una parte importante de su estrategia en ampliar el parque público y reforzar los mecanismos de acceso a una vivienda asequible.

Sus principales líneas de actuación incluyen:

Desarrollar el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros.
Impulsar CASA 47 como instrumento público de promoción y gestión de vivienda asequible.
Mantener la protección permanente de las viviendas financiadas con recursos públicos.
Reforzar la regulación de los alquileres y la protección de los hogares vulnerables.
Facilitar financiación para la adquisición de la primera vivienda.
Impulsar la rehabilitación de las viviendas existentes.

Su planteamiento combina inversión pública, intervención sobre el mercado del alquiler y colaboración con otras administraciones y operadores.

Vox: liberalización de suelo, reducción fiscal y desregulación

Vox apuesta por reducir las cargas fiscales y administrativas asociadas a la vivienda y facilitar una mayor disponibilidad de suelo.

Entre sus propuestas figuran:

Liberalizar suelo para incrementar la construcción de vivienda.
Eliminar los impuestos asociados a la adquisición de la primera vivienda.
Reducir los trámites administrativos y los costes regulatorios de la promoción.
Impulsar vivienda social con criterios de prioridad nacional.
Derogar la actual Ley de Vivienda y sus mecanismos de limitación de alquileres.
Reforzar las medidas contra la ocupación ilegal.

Sumar y Podemos: mayor intervención en el mercado residencial

Ambas formaciones defienden una participación pública más intensa en la regulación del mercado, aunque con medidas y alcances diferentes. Sumar propone reforzar la estabilidad de los contratos de alquiler, limitar determinadas compras por parte de fondos y grandes tenedores, ampliar el parque de vivienda asequible y restringir ciertos usos turísticos. Podemos plantea medidas adicionales, como una reducción legal del precio de los alquileres, mayores restricciones a las viviendas turísticas, intervención sobre viviendas vacías y movilización de inmuebles de grandes propietarios hacia usos residenciales asequibles.

Otros partidos

Junts apuesta por incentivos fiscales para compradores, inquilinos y propietarios, junto con medidas de financiación para vivienda asequible. ERC defiende una mayor regulación de los alquileres y políticas para ampliar la oferta pública y movilizar viviendas vacías. El PNV pone el acento en las competencias autonómicas, la construcción de vivienda y el equilibrio entre los derechos de inquilinos y propietarios. Por su parte, Coalición Canaria plantea medidas específicas para responder a las dificultades de acceso a la vivienda en las islas, incluyendo restricciones a determinadas adquisiciones y el impulso de vivienda pública.

¿Cuáles son los grandes desafíos del mercado residencial?

Con independencia de las diferencias políticas, existen cuestiones estructurales que condicionarán el resultado de cualquier política de vivienda y de las que llevamos hablando mucho tiempo.